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El juzgado da carpetazo al 'caso Acal' por superarse el plazo para investigar

Domingo Aranda y Amador López./ efe | n. garcía
Domingo Aranda y Amador López. / efe | n. garcía

Un auto de la Audiencia, anulando la declaración de los principales sospechosos, ya había herido de muerte esta causa el pasado enero

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

El llamado 'caso Acal', unas diligencias abiertas en 2016 para establecer si el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz había incorporado informes jurídicos falsos y hechos a medida a los expedientes de varios planes urbanísticos, acaba de recibir el anunciado carpetazo. Como ya avanzó 'La Verdad' el pasado enero, ninguna otra decisión judicial parecía posible después de que la Audiencia Provincial hubiera anulado buena parte de la investigación, y muy especialmente las declaraciones de los principales encausados, por haberse superado uno de los nuevos plazos legales que se establecieron en la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El auto anunciando el sobreseimiento de la causa, dictado por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz, Antonia Moya Martínez, fue notificado ayer a las distintas partes del proceso -Fiscalía y defensas-, que ahora dispondrán de cinco días de plazo máximo por si desean recurrir la resolución ante la Audiencia Provincial. Una decisión que a priori resulta vana, toda vez que fue este mismo órgano judicial el que el pasado enero hirió de muerte estas diligencias.

En concreto, los magistrados de la Sección Tercera especificaron en su auto de hace dos meses que solo procedía anular la resolución del juzgado de Caravaca por la que fueron llamados a declarar, en calidad de imputados, el exalcalde Domingo Aranda; el exconcejal de Urbanismo y antiguo director general de Medio Ambiente, Amador López, dos funcionarios municipales y dos letradas del despacho jurídico Acal.

Con este ya son dos los asuntos que afectan al Ayuntamiento que han acabado archivados, tras el sobreseimiento de 'Roblecillo' en 2017

El tribunal asumió plenamente la tesis defendida por el letrado Raúl Pardo-Geijo Ruiz, abogado de una de las juristas de Acal, quien alegó que en el momento de ser citados a declarar los sospechosos, el 17 de octubre de 2017, ya se había agotado el plazo máximo legal para investigar estos hechos. De esta forma, señaló que las diligencias se habían abierto el 5 de abril de 2016 y que poco más tarde, el 6 de junio, se había declarado la complejidad de la causa y se había prorrogado por dieciocho meses el plazo para finalizar la instrucción. Esa prórroga expiró el 5 de octubre de 2017, por lo que la citación de los seis sospechosos el 17 de octubre se situaba fuera de plazo.

La Audiencia Provincial dejó sin efecto la citación a declarar de los presuntos implicados en este asunto, anuló las propias tomas de manifestación y estableció que no había posibilidad de practicar ninguna otra diligencia, con lo que el asunto se quedaba sin opción alguna de prosperar. De forma que ayer, después de que la Audiencia le hubiera dado la extremaunción, el juzgado ofició el sepelio y le dio sepultura.

Así, una vez privada la causa de ese material, la juez establece que solo procede el archivo provisional, ya que del resto de los documentos -circunscritos, prácticamente, a la denuncia presentada en su día por la Fiscalía- no se desprende indicio alguno sobre los supuestos delitos que estaban bajo investigación: falsedad documental y prevaricación.

El abogado Francisco Valdés Albistur anunció ayer su intención de recurrir este auto, aunque solo para pedir que el archivo sea libre -esto es, definitivo- y no provisional.

Otras diligencias

El 'caso Acal' se convierte de esta manera en las segundas diligencias penales contra antiguos altos responsables del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz que acaban siendo archivadas, después de que en diciembre de 2017 un juzgado de Murcia sobreseyera el llamado 'caso Roblecillo'. En ese asunto se investigó la presunta aprobación irregular de un gran plan urbanístico, al que el Consistorio dio luz verde pese a no tener garantizados los recursos hídricos. La instructora determinó que esa decisión se movía «en el límite de la legalidad administrativa», pero sin alcanzar la categoría de un delito de prevaricación.