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Las acusaciones rechazan la legítima defensa en el doble crimen de Caravaca

El principal acusado, Juan A., durante una de las sesiones del juicio de días anteriores./Guillermo Carrión / AGM
El principal acusado, Juan A., durante una de las sesiones del juicio de días anteriores. / Guillermo Carrión / AGM

La fiscal argumentó que la legítima defensa exige el cumplimiento de una serie de requisitos que no se dan, como que vaya precedida de un ataque ilegítimo

EFEMurcia

La fiscal del caso y las acusaciones particulares que defienden los intereses de los hijos de las víctimas descartaron que Juan A.A., acusado del doble crimen cometido en Caravaca de la Cruz hace ahora tres años, actuara en legítima defensa. Este miércoles, en otra sesión del juicio que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Murcia, también rechazaron el miedo insuperable alegado este miércoles por su defensa como eximente incompleta, lo que hizo al introducirla en su escrito de conclusiones provisionales.

La fiscal, María Dolores Ruiz, dijo que la legítima defensa, para poder ser apreciada por los tribunales, exige el cumplimiento de una serie de requisitos, como que vaya precedida de un ataque ilegítimo y que este sea proporcional. Ninguno de esos requisitos, añadió, se da en estos crímenes, ya que «el procesado no actuó de forma improvisada, sino que lo preparó todo, y cuando acudió a Cartagena a recoger la escopeta con la que efectuó los disparos que acabaron con la vida de J.N. y de su pareja, E.T., tenía ya la decisión tomada».

Para la fiscal, no tiene sentido que el procesado citara a J.N. en un bar de la mencionada localidad murciana y que en lugar de acudir allí se desplazara hasta la casa de la víctima, ubicada en un paraje rural. Y añadió que si realmente lo que quería al citar al fallecido era aclarar las diferencias que mantenían ambos por la sustracción de 2.000 euros a aquel, no tiene explicación que acudiera a la casa armado con una escopeta de caza y que esperara en el lugar la llegada de las víctimas.

Las acusaciones particulares, que ejercen los letrados Ana Isabel Gómez y Joaquín Martínez, expusieron en sus informes que los disparos que acabaron con la pareja fueron alevosos, sin que los heridos tuvieran la menor posibilidad de defensa, por lo que los hechos deben ser considerados como constitutivos de sendos delitos de asesinato.

La representante del ministerio público reiteró sus solicitudes de condena para el principal acusado, que se eleva a 49 años de prisión, mientras que rebajó a 17 años de cárcel los 23 que reclamaba inicialmente para Dionisio V.T., el hombre que entregó el arma homicida a Juan A.A., al que acusa de un delito de asesinato como cooperador necesario y otro de tenencia ilícita de armas.

Para el hermano de Dionisio, Demetrio V.T. mantuvo su petición de tres años de cárcel, en su caso, como autor de un delito de tenencia ilícita de armas, ya que en el registro de su domicilio, en Cartagena, fueron encontradas tanto la escopeta como dos pistolas, para ninguna de las cuales tenían licencia. La defensa de estos dos hermanos, Ángel Cegarra, pide la absolución de Demetrio y que Dionisio sea condenado a dos años de cárcel por la tenencia ilícita de las armas.

La defensora del principal acusado, Laura Vidal, pide su absolución, por aplicación de la eximente de legítima defensa o, de forma subsidiaria, que sea condenado como autor de los crímenes, pero con la eximente incompleta de miedo insuperable. La vista oral continuará ahora con la redacción del objeto del veredicto, que será entregado a los miembros del jurado popular.