http://static.laverdad.es/soydecaravaca/menu/img/soydecaravaca-desktop.jpg

La Audiencia compromete otra causa de corrupción por los plazos para investigar

El exconcejal de Urbanismo Amador López./Fran Manzanera / AGM
El exconcejal de Urbanismo Amador López. / Fran Manzanera / AGM

El tribunal anula por falta de motivación el auto de un juzgado de Caravaca que declaró complejas las diligencias del 'caso ACAL'

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

La misma ley de plazos para instruir unas diligencias, que ya la semana pasada permitió al expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez salir absuelto de un supuesto asunto de corrupción, vuelve a amenazar ahora otra causa por presunta desviación de poder en el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz: el conocido como 'caso ACAL', que se desgajó en 2016 del llamado 'caso Roblecillo'.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial acaba de emitir una resolución por la que anula el auto que dictó en su día el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Caravaca, por el que declaraba la complejidad de esta causa y prorrogaba durante dieciocho meses más la investigación judicial.

El juez deberá dictar una nueva resolución ya perfectamente razonada

Con estas diligencias se busca esclarecer si juristas que trabajaban para la firma Abogados y Consultores de la Administración Local (ACAL) pudieron en «una práctica supuestamente irregular», consistente «en la redacción de ciertos informes jurídicos, directamente relacionados con proyectos urbanísticos tramitados por la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz». En concreto, las sospechas se dirigían a la posibilidad de que se hubieran emitido «informes datados en una fecha irreal, con la finalidad de que fueran incluidos en los expedientes y de esa forma dar apariencia de legalidad a las diferentes aprobaciones».

Unos documentos que el juez Andrés Carrillo, instructor en origen de los casos 'Líber/Biblioteca/Roblecillo', calificó en su día como «los informes de complacencia de ACAL», por considerar que presuntamente eran emitidos por esa firma a petición de las autoridades locales, para justificar a posteriori determinadas decisiones urbanísticas ya adoptadas.

Cuando este asunto se separó de las actuaciones originales que se seguían en un juzgado de Murcia y se remitió a Caravaca, la magistrada a la que le llegó la causa consideró que debía declararse compleja y alargar en dieciocho meses el plazo de instrucción, en virtud de que la investigación se preveía farragosa.

Raúl Pardo-Geijo Ruiz, letrado defensor de una de las empleadas de ACAL, presentó un recurso contra ese auto de declaración de complejidad, alegando que no había sido debidamente motivado por la juez. Y ahora la Sección Tercera de la Audiencia -la misma que exculpó a Sánchez hace unos días- acaba de darle la razón al aseverar que la instructora «no explica mínimamente en su auto cuáles han sido los motivos de conversión de la causa a compleja, limitándose a enunciar el listado de causas de complejidad legalmente reconocidas, pero sin explicar el criterio concurrente en el caso que nos ocupa».

El tribunal aprovecha para dejar constancia nuevamente de que los plazos de instrucción están fijados para ser respetados y que su incumplimiento nunca podrá justificarse «en un déficit estructural de organización o dotación de medios de la Administración de Justicia».

Como colofón, la Audiencia ordena al juzgado dictar un nuevo auto, este ya motivado, pero el letrado Pardo-Geijo ya avanzaba en su recurso que volverá a pedir la nulidad, pues considera que difícilmente puede ahora, dos años después, 'vestirse' esa resolución de forma razonable. Otra posible revocación de ese auto vendría a significar, casi con toda seguridad, el sobreseimiento de las diligencias, ya que todo lo instruido a partir de 206 sería nulo.

La causa se dirige, además de contra dos letradas de 'ACAL', contra el exalcalde caravaqueño del PP, Domingo Aranda, y el exconcejal de Urbanismo, Amador López.

 

Fotos

Vídeos