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El juez dicta el sobreseimiento de la causa por el pago de una factura a servicios de vigilancia

La denuncia contra el alcalde, dos funcionarios y un exedil del PP queda archivada al no existir indicios de malversación

JUAN F. ROBLES

No hubo malversación. La denuncia que un anónimo interpuso contra el alcalde, José Moreno, dos funcionarios y un exconcejal popular, a quienes acusaba de haber abonado de forma irregular una factura de más de 42.000 euros por unos servicios de vigilancia en el polígono industrial Venta de Cavila, ha quedado archivada al no existir indicios de delito.

El juez ha acordado, mediante auto de 12 de febrero de 2018, el sobreseimiento libre sobre las diligencias previas abiertas a raíz de esta denuncia, que fue presentada en la comisaría de la Policía Nacional de Lorca. La fiscal aprecia en su informe que el abono de los referidos servicios no es constitutivo de ninguna de las infracciones penales que se les imputaban en la acusación.

Los hechos se remontan al año 2012, cuando gobernaba el PP. Un empresario de la localidad presentó una factura en el Consistorio reclamando 42.338 euros por los citados servicios de vigilancia. En distintas ocasiones, intentó, sin éxito, que se le abonase esa cantidad. Pero sus requerimientos no fueron atendidos. En 2015, tras la toma de posesión del nuevo equipo de Gobierno, el citado empresario, acompañado por su abogada, volvió a reclamar al Consistorio el pago de aquellos servicios.

«Todo se hizo con la máxima transparencia y con los informes que exige la ley», afirma el regidor

El pasado mes de junio, el alcalde, José Moreno, compareció en rueda de prensa saliendo al paso de la investigación que se había abierto para determinar si había algún delito en el pago de la factura. Moreno manifestó entonces que «en octubre de 2015 el Consistorio recibió un escrito por el cual una persona denunciaba que había realizado unos servicios al Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y reclamaba una cantidad superior a los 42.000 euros; en diciembre, antes de la Navidad, esta persona vino a verme con sus abogados, trasladándome su situación personal complicada, que tenía como consecuencia inmediata el embargo de la casa de sus padres».

Añadió que «el tema lo puse en conocimiento del anterior interventor y con el informe favorable se realizó la resolución de la alcaldía. En Tesorería tampoco se puso ningún reparo a este pago. Por tanto, todo se hizo con la máxima transparencia y con todos los informes que exige la ley».

No hay relevancia penal

En relación a este asunto, el primer edil caravaqueño aseguró que no había estado nunca investigado y que en ningún momento le fue notificado el auto por el juzgado, subrayando que era «la segunda vez que me intentan colgar el sambenito». Además, recordó que «esta denuncia ya había sido archivada en el año 2016 porque no se apreciaba delito alguno ni arbitrariedad en la actuación del consistorio».

Efectivamente, en diciembre de 2016, tras el estudio realizado por el juez instructor, se determinó que no había relevancia penal en los hechos de la denuncia. En concreto, el auto señalaba que no se apreciaban indicios de ninguno de los delitos denunciados, motivo por el que se decretó, por primera vez, el sobreseimiento y archivo de la causa.

A raíz de la denuncia y a requerimiento del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Caravaca, el Consistorio remitió toda la documentación solicitada por el Ministerio Fiscal. Ahora, el juez ha decretado el sobreseimiento libre sobre las nuevas diligencias abiertas tras la denuncia anónima.

 

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