«Nadie me da una explicación sobre mi coche»

El expediente sobre la desaparición de unos 400 vehículos del depósito municipal arroja múltiples datos sobre un cúmulo de ilegalidades en la gestión, que se extienden desde 2005

Interior del desguace de Los Pañeros. JFR
En el mismo le informaba de que era propietario de un vehículo Opel Kadett, MU-7587-AS, retirado de la vía pública por estar mal estacionado. «Me he personado en diversas ocasiones en las dependencias de la Policía Local, queriendo retirar de mi vehículo algunas pertenencias personales -dos cajas de herramientas, una camilla, llaves de otros cinco vehículos y de mi casa, documentación...- y hoy se me ha comunicado que tanto el vehículo como todas mis pertenencias han sido retiradas del depósito, sin indicarme quién ni dónde están depositadas».

Además de reclamar del alcalde que pusiera en marcha las actuaciones necesarias para acabar «con esta grotesca situación», advertía de que estaba dispuesto «a adoptar las acciones que considere oportunas».

La mecha del escándalo acababa de prender, aunque nadie era consciente, ni mucho menos, de hasta dónde iba a llegar la onda expansiva.

Pocos días después, Domingo Aranda dictaba una providencia reclamando del oficial de la Policía Local, Jesús Fernández Bolaños, un informe acerca de ese asunto. Al cabo de tres días llegó la respuesta. En ella, además de relatar todos los intentos de los agentes de notificar al propietario acerca de cuál era la situación del vehículo, se hacía saber que el coche «ha sido tratado como residuo». Esto es, que había sido entregado a un desguace y que en ese momento, muy probablemente, del mismo ya no quedaban reconocibles ni las matrículas.

Para ese instante ya se habían extendido por la localidad los rumores acerca de la gestión, aparentemente irregular, que desde la jefatura de la Policía Local se estaba haciendo de los coches retirados de la vía pública. Antonio S.A., empresario del sector del reciclado, no desaprovechó la ocasión de añadir gasolina al todavía incipiente incendio.

«Que he tenido conocimiento de que este ayuntamiento ha enajenado recientemente una gran flota de vehículos procedentes de retirados de la vía pública», exponía en un escrito dirigido al Pleno municipal, y añadía que «no me consta que se haya realizado subasta alguna» de tales vehículos. De ahí que reclamara «una copia del expediente de venta de los coches, la fecha de publicación de la subasta en el BORM, los datos de la empresa adjudicataria y el precio de enajenación y el nombre del responsable del departamento que ha llevado a cabo los trámites de esa enajenación». Una andanada lanzada con tremenda precisión al corazón del asunto.

El alcalde, sin duda preocupado, pide un nuevo informe al jefe policial y pide a la vez al tesorero municipal que le diga cuánto dinero ha ingresado en Consistorio por la enajenación de los vehículos.

Cero euros de ingresos

Ninguna de las respuestas se hace esperar. El tesorero señala que en los años 2012 y 2013 el importe ingresado por ese concepto es exactamente de cero euros. Y el oficial de la Policía Local confirma que aunque se ha procedido a enajenar un número indeterminado de vehículos, no se ha hecho mediante subasta, sino que «he hecho como se venía haciendo a lo largo de los años anteriores». También ofrece el nombre de las dos empresas beneficiarias: Náutica Bulevar y Desguace y Recuperaciones Los Pañeros.

Para ese instante todas las alarmas están ya activadas. El 13 de junio el PSOE reclama una investigación «ante la presunta desaparición del depósito de 54 vehículos». Otros dos vecinos de Caravaca presentan sendas denuncias por sospechar que sus vehículos, retirados por la grúa, han sido reducidos a chatarra.

El 24 de junio, el PSOE interpone  un nuevo escrito y dice que estos hechos desvelan «indicios claros de delito (prevaricación, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos...)» y pide que se dé cuenta al juzgado de todo lo actuado.

Para entonces el alcalde ya ha ordenado al interventor municipal que abra una investigación y las primeras conclusiones, hechas públicas el 25 de junio, ya advierten de que «la enajenación de vehículos directamente por un funcionario es manifiestamente irregular, presumiendo este interventor que se ha producido una extralimitación de facultades». En sus alegaciones, el jefe de la Policía Local asegura que la entrega de algunos de los vehículos se ha realizado a cambio de trabajos, realizados por el desguace, en varios coches patrulla.

Para respaldar esa versión, Náutica Bulevar presenta incluso una factura por importe de 8.623 euros, emitida con motivo de la colocación de puentes policiales -sirenas y luces- en tres patrullas. La factura tiene fecha de 10 de julio de 2012, pero el IVA aplicado es del 21%, pese a que éste entró en vigor el 1 de septiembre. Una circunstancia que hace sospechar de una elaboración 'ex profeso' del documento para el expediente.

Tampoco las explicaciones ofrecidas por el otro desguace, el de Los Paneros, parecen muy convincentes. Al contrario, ha ofrecido cuatro versiones y todas ellas radicalmente distintas: sostuvo en un primer momento que todos los coches recibidos desde 2005 y hasta 2012 los había abonado al Ayuntamiento, para asegurar luego que hasta 2008 entregaban el dinero en mano a un funcionario municipal, después que lo abonaban al Ayuntamiento como proveedor y, por último, admitir que no ha pagado nada en metálico desde 2005.

A la vez que engordaba el disparate, aumentaba el número de vehículos afectados por las supuestas entregas irregulares a los desguaces. Hace un mes ya se cifraban en unos 400 y algunas fuentes no descartan que pueda alcanzarse el millar. Todos ellos, presuntamente, adjudicados directamente, sin trámite administrativo alguno, por quienes han dirigido la Policía Local desde 2005 a estos días: Jesús Fernández Bolaños y José Antonio Caro. Ambos están expedientados y el caso ha llegado además a manos de la Fiscalía. La liebre va a seguir corriendo todavía un tiempo.